¿En qué ocupará sus manos la Procuraduría cuando no puede amarrarse los pantalones ante el Concejo de Barranquilla?

Jorge Vergara Carbó - Economista, Magister en Administración Pública y Presupuesto, Docente Universitario - Barranquilla, Colombia

 

 

Autor: Jorge Vergara Carbó - Economista, Magister en Administración Pública y Presupuesto, Docente Universitario - Barranquilla, Colombia  ... Ver más publicaciones......►

 

¿SERÁ CAPAZ LA PROCURADURÍA DE SANCIONAR A LOS CONCEJALES DE BARRANQUILLA POR PREVARICATO?

Los atlanticenses se preguntan si la Procuraduría Regional será capaz de sancionar a los concejales del Distrito de Barranquilla por aprobar algunos acuerdos que violan la Constitución Política del país y las leyes.

La duda surge porque esa Institución, que sepamos en los últimos 9 años, nunca ha sancionado a concejal alguno a pesar de haber recibido denuncias que ameritaban una investigación exhaustiva, pero que nunca hicieron.

Procuraduría General de la NaciónNormalmente la PGN responde diciendo que se “inhiben “de investigar o de que no existen pruebas suficientes para elaborar un pliego de cargos o para iniciar una investigación, o le solicitan al denunciante que anexe las pruebas que supuestamente ellos deberían recopilar con su investigación.

Podemos señalar varios proyectos de acuerdo en los cuales concejales aliados con la administración de turno, terminaron aprobándolos sin importarles si la ley los autorizaba para ello. En el año 2010, la administración presentó varios proyectos basados la mayoría en la figura de “vigencias futuras excepcionales”, entre ellos “el corredor portuario” los “megacolegios” los “pasos y caminos” el “transmetro”.

De esos acuerdos solo fue demandado el acuerdo No 010 de febrero 22 de 2010, que autorizaba la construcción del corredor portuario, ante el Tribunal Administrativo del Atlántico pidiendo su nulidad, la cual fue concedida en sentencia del 24 de enero del 2012, y apelada por la alcaldía ante el Consejo de Estado, quién aún no ha fallado.

Al igual que no lo han hecho la Procuraduría, ni la Fiscalía, ante denuncias que recibieran sobre ese tema. Situación similar sucedió con el acuerdo No 0019 de diciembre de 2015, que trata sobre el impuesto a la telefonía y se reforma el estatuto tributario del Distrito, el cual fue demandado ante el Tribunal Administrativo y la Procuraduría, siendo esta última la que se ha pronunciado citando a una audiencia a los 16 concejales que aprobaron dicho acuerdo para escucharlos en indagatoria y poder así tomar una decisión fijada para el 30 de diciembre de este año.

En ambos casos, el Consejo de Estado se ha pronunciado diciendo que son ilegales. En el caso de la utilización de vigencias futuras excepcionales, ha dicho que esa figura no podía ser utilizada por las entidades territoriales y a pesar de ello, y de habérsele informado al alcalde como a los concejales por nuestro medio escrito y por las distintas emisoras de la Cadena Radial La Libertad, no le prestaron atención y procedieron a seguir con la discusión y aprobación de esos acuerdos.

En el caso del impuesto a la telefonía fue lo mismo, se publicaron documentos que hablaban de la ilegalidad del mismo, basados en sentencias del Consejo de Estado sobre hechos concretos en varios municipios del país, entre ellos el de Manizales, Cali, Pereira, e Ipiales entre otros.

Por eso nos sorprendió la prontitud de la Procuraduría para la investigación y posible sanción en el caso de la telefonía móvil y celular y, dudamos que vayan a sancionarlos inhabilitándolos a los 16 concejales que votaron ese acuerdo, porque a pesar de estar más cantado la ilegalidad de la figura de vigencias futuras excepcionales, pasados seis o más años, de haberse denunciado la PGN, no ha llamado a audiencia a los concejales, ni los ha investigado.

Esperemos a ver en que termina esta película. Solamente queremos decirle que estaremos vigilantes a que esa investigación al igual que la de vigencias futuras excepcionales llegue a su final, bien condenándolos o exonerándolos, pero no más en el limbo. Ya está bueno de tanta impunidad.

Los incrementos en la corrupción, que denunciamos en un reciente editorial, y que hemos descrito en anteriores escritos sobre la relación existente entre contratistas e interventores en pliegos de condiciones que solo les falta poner el nombre de la firma ganadora, es decir hechos a la medida como la ropa, que de persistir la inoperancia de los distintos organismos de control, nunca podremos acabar con la corrupción reinante en el país y principalmente en nuestro d departamento.

Un concejo que no delibera, que no ejerce control político, ni aprueba el plan de desarrollo y el presupuesto anual y concede facultades extraordinarias al alcalde, debe suprimirse. Una Contraloría que no controla, una Personería que no defiende nuestro patrimonio, y una Fiscalía que no sancionan a los corruptos ¿para que existen?

Señores de la Procuraduría Regional, digan basta ya cumpliendo con sus funciones. Sancionen a los concejales que prevaricaron y no den más vueltas, está claro que se excedieron en sus funciones. Estamos a la expectativa.

 

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